Felipe González y Luis Coppola, autores de este punto de acuerdo, explicaron que Servicios Parlamentarios no ha sabido darles una explicación acerca del por qué ese documento desa-
pareció de la Gaceta del Senado y no tiene registro alguno de haber sido turnado a comisiones.
Ésta no es la primera vez que se extravía sin explicación alguna un documento en Servicios Parlamentarios, pues en diciembre se perdió el dictamen de la Comisión del Distrito Federal con la aprobación de una reforma en la capital del país para los requisitos de constitución de partidos políticos.
Antes de que se perdiera el documento, primero se presentaron dos textos, uno con las firmas suficientes para la aprobación y otro con la mitad de las rúbricas. El tema quedó congelado.
Excélsior reveló el pasado 9 de marzo la existencia del aeródromo privado Las Arenas, en Baja California Sur, administrado por el ciudadano estadunidense Joseph Angelo Bravo, quien en 1994 fue condenado a 87 meses de prisión por traficar cocaína.
El entonces gobernador Narciso Agúndez inauguró esa pista en compañía, entre otros, de Angelo Bravo.
El 10 de marzo, los senadores Felipe González y Luis Coppola enlistaron el punto de acuerdo para que el Senado solicitara a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y Seguridad Pública Federal, así como al entonces gobernador Narciso Agúndez, informar de “las medidas existentes tendientes a evitar que la operación de aeródromos, aeropuertos o cualquier otra terminal aérea civil esté a cargo de personas vinculadas con la delincuencia”.
Los legisladores federales destacaron que ese asunto “hace presumir, con bases sólidas, que la instalación aeroportuaria haya sido utilizada para el tráfico de drogas prohibidas mientras que los tres órdenes de gobierno en la República redoblan esfuerzos para detener la espiral de violencia desatada precisamente por la delincuencia”.
Pero los días pasaron y la Mesa Directiva jamás anunció la lectura del punto de acuerdo en tribuna.
El jueves dejó de aparecer en la Gaceta del Senado y durante la sesión del senador Felipe González pidió una explicación, cuando ese órgano legislativo era presidido por el priista Francisco Arroyo, quien le ordenó a Servicios Parlamentarios dar una respuesta al legislador federal.
La sesión concluyó, y aun cuando el panista Felipe González pidió explicaciones a Servicios Parlamentarios, nadie le aclaró lo ocurrido con el documento. Narciso Agúndez ya no es gobernador y el exhorto se quedó en el aire.
Entre sospechas
Este diario publicó en marzo pasado la información acerca de esa pista aérea.
Se informó que en el municipio de La Paz, Baja California Sur, la operación del aeropuerto privado Las Arenas fue cedida a un estadunidense condenado por narcotráfico en la Unión Americana, Joseph Angelo Bravo.
El 26 de febrero pasado, el gobernador de la entidad, Narciso Agúndez Montaño, participó en la reinauguración de esa pista.
El permiso para operar y administrar la terminal, ubicada en Punta Arena de la Ventana, La Paz, fue otorgada a las empresas de Joseph Angelo Bravo.
El permiso se otorgó después del decreto de expropiación de los terrenos privados que Agúndez Montaño firmó el 11 de junio de 2010.
Se realizó pese a que el artículo 22 de la Ley de Aeropuertos marca que “no podrán ser titulares de permisos (para operar ese tipo de terminales aéreas) las personas que hayan sido condenadas por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de un año”.
“La misma restricción se aplicará a los socios o miembros del órgano de administración de las personas morales concesionarias”, de acuerdo con esa legislación.
Pobladores de la zona donde está ese aeródromo sostienen que el complejo turístico Bahía de Los Sueños, en La Paz, se desarrollan actividades relacionadas con el crimen organizado como el trasiego de cocaína a Estados Unidos.
Señalaron que por las noches hay operaciones sospechosas en esa pista. (Vanguardia)
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