SENTENCIAN A OFICIAL DE MIGRACIÓN POR COHECHO

La Paz, Baja California Sur.- El agente del Ministerio Público de la Federación acreditó ante el Juez Primero de Distrito en el estado, la plena responsabilidad penal en la comisión del delito de cohecho, contra quien fuera oficial de Migración en Loreto, Baja California Sur, Óscar Castañeda Davis, a quien se le sentenció a 3 meses de prisión y a una multa de 30 días de salario mínimo.
De acuerdo con el expediente de la causa penal 1/2010, el 11 de diciembre del 2009, Castañeda Davis, en su calidad de servidor público como Oficial de Migración con sede en Loreto, solicitó a un usuario que le entregara en efectivo el pago por los trámites migratorios consistentes en el refrendo de su forma FM3, en lugar de realizarse dicho depósito en una institución bancaria.
Por ello, quedo a disposición del Fiscal Federal quien consignó y dio seguimiento al expediente de la averiguación previa AP/PGR/BCS/LT/070/2009, por el delito indicado.

FORMAL PRISIÓN CONTRA PRESUNTO RESPONSABLE DE DELITO CONTRA LA SALUD

Por otra parte, se dio a conocer que el agente del Ministerio Público de la Federación, dentro de la causa penal 285/2010, obtuvo del Juzgado Primero de Distrito el auto de formal prisión contra Ángel Moreno García, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión de marihuana, clorhidrato de cocaína y metanfetamina, con fines de comercio, específicamente para su venta.
De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/BCS/LC-UMAN-1/192/2010 el Representante Social de la Federación, con apoyo de elementos de la Agencia Federal de Investigación, cumplimentó una orden de cateo para un domicilio ubicado en la calle Oceanografía entre Amado Nervo y Sor Juana Inés de la Cruz en la colonia Pablo L. Martínez en San José del Cabo.
En el lugar aseguraron a Moreno García en posesión de 15 envoltorios conteniendo marihuana con un peso de 102 gramos 800 miligramos, 13 envoltorios con “crystal” con 1 gramo 700 miligramos y diez envoltorios con cocaína con 1 gramo 500 miligramos.
Por ello, el Fiscal Federal consignó la averiguación previa referida, misma que permitió que el Juez de la causa decretara el auto de formal prisión contra Moreno García, quien se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social de La Paz.

Finalmente, en un comunicado de prensa de la Procuraduría General de la Republica en Baja California Sur, el subdelegado estatal, Julio Cesar Espinosa Pastrana dio a conocer que el agente del Ministerio Público de la Federación acreditó ante el Juez Primero de Distrito en el estado la plena responsabilidad penal en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión de marihuana, clorhidrato de cocaína y metanfetamina con fines de comerciarlos a través de su venta contra Rigoberto Cadena Valles y Ricardo Santos Godínez Bárcenas.
Además este último por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, por lo que se les sentenció a 3 y 5 años de prisión respectivamente y a una multa de 80 días de salario mínimo para ambos.
De acuerdo con el proceso penal 180/2010, el pasado 7 de abril elementos del Ejército Mexicano en Ciudad Constitución, detuvieron a los hoy procesados al encontrarse realizando recorridos de patrullaje en dicho lugar sobre la calle Lázaro Cárdenas, entre Ignacio Allende y Miguel Hidalgo y Costilla en la colonia Los Pinos.
En el lugar les fueron asegurados 67 envoltorios y 14 cigarrillos ambos con marihuana con un peso total de 448 gramos 800 miligramos, 44 envoltorios con cocaína con un peso de 13 gramos 800 miligramos y 130 envoltorios conteniendo crystal con un peso de 11 gramos 900 miligramos.
Por ello, Espinosa Pastrana dijo que el Fiscal Federal ejerció acción penal dentro de la averiguación previa AP/PGR/BCS/CC/047/2010, aportando los elementos de prueba que tras ser valorados por el Juez de Distrito, originaron que los hoy sentenciados, se encuentren recluidos en el Centro de Readaptación Social en La Paz.
El Gobierno Federal seguirá trabajando para propiciar un ambiente de certidumbre jurídica en el que las personas tengan la certeza de que cuentan con instituciones y programas gubernamentales que garantizan el respeto a sus derechos y la preservación de su patrimonio mediante la aplicación de la ley.